EL TIEMPO DE REFLECION PARA LA LA ACCIÓN
Los medios de acciones colectivas
Pienso que los medios de siempre no están superados. La huelga general fue Mayo 68 en Francia, 2006 en Francia, y la lucha por no vender el ICE, son ejemplos extraordinarios. No dejo de darle valor a nuevas ideas, pero por que tanto empeño en decir que los sindicatos no sirven o dieron su máximo, es mejor pensar en reconstruir los sindicatos con nuevas estructuras realmente orgánicas e ideológicas para superar la calidad de organización que hoy se tiene. Les hago llegar un material sugerente, pero creo que al final no da opciones orgánicas estables necesarias para realizar cambios profundos. No contempla que se requiere un poder social real para poder establecer un diálogo entre iguales. A los enemigos de la humanidad y la naturaleza se les acaba el tiempo, porque su modelo parece haber tocado techo con la destrucción acelerada del planeta. Cualquier visión unilateral, parece incapaz de aportar a un cambio social bioético y biojuridico de naturaleza permanente.Los sindicatos a pesar de sus deficiencias, deberan aportar a la supervivencia y y al díalogo social.
Han cambiado el concepto de trabajadores y trabajadoras por el de ciudadanos, concepto anterior historicamente a la lucha de clases. Ciudadanía es un concepto neutro e igualador de todos y todas que elimina las contradicciones originadas en la producción y deja tan solo las contradicciones propias de sociedad politica, excluye a los sindicatos,y ain mayor reflexión se asume un nuevo lenguaje por las propias organizaciones del trabajo.
No es tiempo de simple acción directa, es tiempo de reflexión,cambio y sobrevivencia.
Dejo este material para su valoración, ¿realmente es un material que aporta o es un discurso falaz y denigrante de las organizaciones del trabajo?:
Un observador
"El riempo de accion:
Inventar nuevos medios de acción
Para rebelarse contra las élites económicas o políticas, los ciudadanos disponían de 2 medios de acción que han sido eficaces durante casi 2 siglos: la huelga de trabajo, y las manifestaciones en la calle.
Estos 2 medios de acciones ya no son eficaces hoy en día.
La huelga de trabajo ya no es un medio de acción adaptado porque solo es practicable solo por una minoría de personas. Desde los anos 1970-80, millones de asalariados se han vuelto desempleados, reemplazados por robots, computadoras, o por esclavos humanos que efectúan el mismo trabajo por un salario de miseria en los países del tercer mundo. Sin embargo, un desempleado no puede hacer huelga. Mientras que aquellos que tienen un empleo fijo, ya no pueden hacer huelga bajo riesgo de perder su empleo.
Las manifestaciones en la calle han perdido igualmente su eficacia. Cuando una manifestación se lleva a cabo pacíficamente, sin violencia policial, no es mas que un simple acontecimiento de un día. La noche, cuando la manifestación ha terminado, cada uno entra gentilmente a su casa para mirar la tele, y seguir consumiendo al día siguiente. En resumen, para el gobierno, una manifestación no es mas que una animación festiva o folklórica que le pone color a la calle. Entre una manifestación ciudadana o sindical y una manifestación "sin finalidad" como la Techno Parade o la Gay Pride, finalmente cual es la diferencia?
Para los ciudadanos y los contra-poderes, es necesario inventar nuevos medios de acción.
La huelga general del consumo
Los ciudadanos tienen entre sus manos una arma absoluta: la huelga general del consumo.
La huelga general del consumo no seria un boicot contra marcas en particular, sino un movimiento general, como en 1968, cuyo objetivo seria de formular reivindicaciones globales.
Desde ahora, cada uno dispone del poder de empezar la huelga del consumo a titulo personal. Comprando lo estrictamente necesario, dejando de idolatrar las marcas, dejando de asociar a la definición de felicidad. Antes de cada compra, preguntémonos en que condiciones sociales y ecológicas han sido producidas o fabricados los productos que uno se apresta a adquirir.
La huelga individual del consumo es también el medio de ser mas libre: consumiendo menos, gastamos menos, y entonces somos menos dependientes del dinero y de la necesidad de trabajar.
La huelga general de la natalidad
Hay otra arma común que jamás ha sido utilizada ni jamás imaginada hasta ahora: la huelga general de la natalidad. Dicho de otra manera, dejar de concebir niños y niñas, y dejar de proveer nuevos esclavos al sistema, hasta que las reivindicaciones globales no hayan sido satisfechas. Privado de nuevos esclavos-consumidores a explotar, el sistema estaría condenado a mediano plazo y estaría obligado a ceder.
Como toda arma absoluta, esta tiene un inconveniente: si los "Amos del Mundo" rechazan ceder, parar los nacimientos significa el fin de la humanidad. Pero la humanidad que se nos prepara (a base de implantes, de clones, de manipulaciones genéticas, de híbridos hombres-animales, lo todo en un planeta devastado por la sobreexplotación) eso es todavía humanidad?
Crear nuevos circuitos económicos
La existencia de un sistema económico de intercambios es indispensable para la sobrevivencia de una sociedad y de su población. Sin embargo, el sistema económico deja excluidos a millones de personas, en el tercer mundo como en los países desarrollados. Las necesidades alimenticias de una mayoría de habitantes del plantea no son satisfechas, y los recursos que podrían aportar (trabajo, ideas...) quedan inutilizados, desperdiciadas por la sociedad. La ineficiencia del sistema actual es tal que mismo aquellos que tienen la "suerte" de trabajar reciben muy poco a cambio de lo que dan, y simultáneamente, el sistema impide a estas personas de expresar y desplegar sus verdaderas capacidades confinándolas en empleos sub-calificadas y sub-remuneradas.
Si el sistema económico existente no logra a cumplir su función material y social, entonces los ciudadanos deben inventar y poner en práctica un nuevo sistema económico, con nuevos circuitos comerciales y una nueva moneda para facilitar el intercambio de bienes y servicios.
Esta nueva moneda deberá ser nominada en "unidades de tiempo", afín de establecer una equivalencia transparente entre el tiempo y el dinero. Cuando una persona trabajaría 5 horas, ella recibiría 5 unidades de temps, con los cuales ella podría comprar 5 horas del tiempo de otras personas, o formulado de otra manera, productos que habrán necesitado 5 horas de trabajo para su producción.
Las asociaciones de trueque o de "intercambio de servicios" son las primeras tentativas hacia un circuito económico alternativo.
Explotar y aprovechar el desfase entre los valores oficiales y la realidad
El sistema debe guardar una apariencia de democracia, y los valores oficiales nuestra sociedad son siempre supuestamente la libertad, derechos humanos, la justicia, la legalidad e igualdad ante la ley, la primacía del interés general …
Es suficiente entonces para los contrapoderes de poner sobre la mesa estos problemas y de demostrar que estos valores fundamentales son vulnerados, incluido para aquellos que son los supuestamente garantes.
La gravedad de los problemas acelera la toma de conciencia
Los problemas ecológicos son hoy día tan graves que se han vuelto una evidencia para la casi-totalidad de la gente. (contaminación de aire, de océanos, del suelo, los ríos y las capas freáticas, destrucción de los bosques, de la bio-diversidad, de los paisajes, agujero de la capa de ozono, perturbaciones climáticas...)
Igualmente, los efectos nefastos del capitalismo salvaje y de la mundialización en materia social (desempleo, desregulación, relocalización, precarización, flexibilidad, miseria y esclavitud en los países del Tercer Mundo...) se están volviendo cada vez más evidentes."
lunes, 14 de mayo de 2007
sábado, 12 de mayo de 2007
ACCIONES COLECTIVAS EN LA SOCIEDAD COSTARRICENSE 1998-2004.

El artículo de la Master Sindy Mora analiza las acciones colectivas desarrolladas entre 1998 y 2004 como parte de un interesante proceso de transición del sistema de partidos políticos y de la participación electoral. En este contexto, la autora desarrolla una serie de preguntas de investigación, entre ellas: ¿son los motivos políticos los que predominan en las acciones colectivas de protesta en Costa Rica?, ¿cuál es el significado de estas acciones en el contexto político de la Costa Rica actual?, ¿qué caracteriza al repertorio de protesta social costarricense?, ¿cuáles son los actores que protagonizan las acciones colectivas?, ¿cuáles son sus demandas y a qué entidades se dirigen?
El 3 de diciembre del 2005, el Diario Extra reportó una protesta poco usual en términos del repertorio de las acciones colectivas a las que recurren en Costa Rica los actores sociales. Estas acciones ilustran los principales interrogantes que dan origen a esta reflexión: ¿son los motivos políticos los que predominan en las acciones colectivas de protesta en Costa Rica?, ¿cuál es el significado de estas acciones en el contexto político de la Costa Rica actual?, ¿qué caracteriza al repertorio de protesta social costarricense?, ¿cuáles son los actores que protagonizan las acciones colectivas?, ¿cuáles son sus demandas y a qué entidades se dirigen? El estudio sobre las acciones colectivas entre los años 1998 y 2004, se inserta en un periodo de transición del sistema de partidos políticos y de la participación electoral. Mientras este Pacto se firmaba, el país vivía uno de los más importantes ciclos de acción colectiva de los últimos años: la huelga del Magisterio Nacional.
¿Por qué analizar las acciones colectivas?
El debate sobre las acciones colectivas y los movimientos sociales es abundante. Desde su perspectiva, la acción colectiva puede ser explicada gracias al comportamiento racional de los grupos de presión y la existencia de incentivos para la participación.
Por diversas razones en América Latina predominó el estudio de los movimientos sociales, en contraposición a un enfoque que tuviese como objetivo el estudio de las acciones colectivas[1][16]. Sin embargo, la apuesta por los movimientos sociales como unidad analítica -apuesta que también asumió la academia costarricense-, no aseguró el desarrollo de una corriente permanente de estudio sobre los movimientos sociales. La organización, los movimientos sociales y su incidencia política fueron objeto de estudio de investigaciones realizadas para y con las organizaciones sociales. Acá destacan las investigaciones realizadas por Román sobre los estilos de negociación política de las organizaciones campesinas, la investigación sobre los movimientos sociales rurales realizada por Edelman y las investigaciones relacionadas con las luchas pro-vivienda realizadas por Molina y Sagot. Específicamente, en el periodo 1986-1990 la conflictividad social fue canalizada e institucionalizada, convirtiéndola en un insumo de las políticas impulsadas por el gobierno, políticas que a su vez se veían libradas de la protesta social. Ahora bien, desde la sociología son escasas las investigaciones cuya unidad analítica sea la acción colectiva. Un movimiento social supone la existencia de redes de actores que comparten desafíos colectivos y protagonizan acciones políticas para ver satisfechas sus demandas. Por esta razón, la permanencia de las acciones es un requisito indispensable de un movimiento social. En contraposición, una acción colectiva no necesariamente se encuentra vinculada a un movimiento social, por lo que puede ser espontánea, esporádica o discontinua, involucrando a grupos sociales que no siempre se identifican como actores políticos .Mientras que el concepto de movimiento social refiere al nivel de la organización con una mayor permanencia temporal, el concepto de acción colectiva refiere al nivel de las prácticas de protesta social, como lo son las huelgas, el paro de labores, las marchas, las declaraciones públicas, las amenazas, los bloqueos y las huelgas de hambre, entre otras acciones. Si bien los actores vinculados a un movimiento social pueden protagonizar acciones colectivas, en sentido inverso, una acción colectiva no puede ser considerada por si sola como un movimiento social, como lo muestra el diagrama 1.La riqueza del concepto de acciones colectivas reside en su carácter menos restrictivo en relación a los movimientos sociales, en el sentido de que permite registrar una serie de acciones y diversidad de actores, que se organizan para plantear las demandas a las entidades que consideran pertinentes, sin que necesariamente exista una organización formal o permanente que las potencie. Por ello, el presente es un esfuerzo por aproximarse a la protesta social, mediante la acción colectiva como unidad analítica, y no a través del nivel de la organización o los movimientos sociales. La reflexión sobre las acciones colectivas que presento seguidamente se ha reconstruido a partir del Diario Extra y La Nación[2][31]. Sin embargo, las dificultades para obtener registros alternativos de las acciones colectivas realizadas por los actores sociales son múltiples, ya que estos no construyen memorias de las acciones y los logros alcanzados. Por supuesto, esta no es solo una limitación metodológica para el estudio de las acciones colectivas, sino también una limitación de las organizaciones y los actores colectivos para pensar y pensarse políticamente.
Acciones colectivas en Costa Rica: un proceso y dos ciclos de acción colectiva.A pesar de las limitaciones de una base de datos construida a partir de lo reportado por La Nación y Diario Extra, debido a las posiciones ideológicas de ambas fuentes, los resultados obtenidos hasta el momento muestran un estado permanente de expresión de demandas mediante el recurso de la acción colectiva. Estos ciclos de acción colectiva, entendidos como periodos de intensificación de la protesta social ([3][32]), permiten describir las acciones colectivas del periodo como un solo proceso de protesta con dos momentos en el que se incrementa la conflictividad social, en donde la participación se expandió de los actores más movilizados a los menos movilizados. El panorama es distinto si se emprende el análisis del año 2000. En ese ciclo de acción colectiva, Costa Rica experimentó la construcción de demandas de carácter nacional, con una alianza de actores muy diversos. El repertorio de la protesta social costarricense, es decir, el tipo de acciones a las que culturalmente recurren los actores colectivos para plantear sus demandas, incluyen las modalidades que aparecen en el cuadro 2. Sin embargo, a pesar de esta diversidad, en la construcción cultural de la protesta costarricense fueron predominantes dos tipos de acciones: la declaración pública y el bloqueo. La predominancia del bloqueo en el 2000 y el 2004 muestra como estas acciones se encontraron relacionadas con los ciclos de acción colectiva, ya que en los años en que la intensificación de la protesta disminuyó, el uso del bloqueo también. Por su parte, las acciones como la huelga de hambre, la invasión de propiedad y los actos contra la propiedad fueron instrumentos de protesta de poca recurrencia por parte de los actores colectivos. Ahora, los protagonistas de estas acciones colectivas fueron los trabajadores, principalmente del sector público, como lo evidencia el cuadro 3. En total, un 42.7% de las acciones se registraron para los trabajadores, porcentaje que fue seguido por la participación de los vecinos, con un 11% de la acciones. En donde se hace más evidentes los problemas de subregistro de las acciones colectivas es en el caso de los grupos pro-vivienda. La identificación de los actores que se involucraron en acciones colectivas es central porque permite mostrar la participación de aquellos cuyas acciones, o son invisibilizadas por la prensa escrita, o transitan caminos formales que no necesariamente se convierten en tema de noticia. El uso del bloqueo por parte de los actores colectivos formaría parte de este entrabamiento de la sociedad costarricense. Anteriormente, la identificación del tipo de actores que participaron en las acciones colectivas permitió mostrar que el malestar de quienes recurren a las acciones de protesta no solo proviene de los trabajadores, de allí la importancia de mostrar que los bloqueos, en el periodo de estudio, no fueron de uso exclusivo por parte de tales actores.Una primera observación sobre el uso de los bloqueos es que este tipo de acción es frecuentada tanto por actores sumamente institucionalizados, como lo son los trabajadores organizados en sindicatos, como por actores organizados de manera más informal como lo podrían ser las madres y padres. Como evidencia el cuadro 4, este tipo de acción fue mayormente utilizada en el contexto de los ciclos de acción colectiva. Tanto para el 2000 y el 2004 se registraron el mayor número de bloqueos del periodo, siendo los trabajadores y los actores no registrados por la prensa, los protagonistas de estas acciones. Debido a la intensificación de la protesta en el 2000 y el 2004, en un total de 158 y 56 acciones respectivamente, las fuentes consultadas no lograron identificar a los actores colectivos.
Los conflictos de la sociedad costarricense. “Un malestar que se desborda cotidianamente”
Los conflictos que atraviesan a la sociedad costarricense son diversos y mantienen una cierta permanencia en el periodo estudiado, lo que lleva a cuestionar la eficacia de las respuestas gubernamentales a las demandas planteadas por los actores colectivos.
Estas demandas fueron expresadas por productores de palmito, la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ), la Cámara Nacional de Productores de Cebolla, la Cámara de Productores de la Región Caribeña, la Corporación Hortícola Nacional y la Unión de Productores Agrícolas (UPANACIONAL). Las acciones colectivas de la provincia de Limón merecen ser estudiadas con mayor profundidad, dado que estas son las únicas acciones que permiten hablar de demandas de carácter regional.
A manera de conclusión
¿Forman parte de la política costarricense las acciones colectivas de protesta? Para los entrevistados en la Encuesta Nacional de Abstencionismo[4][38], las manifestaciones de protesta, las luchas de la comunidad y los bloqueos en las calles no son parte de la política ([5][39]). Sin embargo, es necesario incluir el repertorio de acciones colectivas descrito en este trabajo, dentro las formas participación política, de un país con una gran tradición histórica en la protesta social. Quizás en las actuales condiciones organizativas de los actores sociales costarricenses, el concepto de acciones colectivas permite aprehender con mayor facilidad lo que sucede actualmente en el país, aunque esto no niega la existencia de movimientos sociales. De esta manera, las movilizaciones de la última década hacen que la disyuntiva conceptual entre organización (nivel de los movimientos sociales) y movilización-acción (nivel de las acciones colectivas y sus ciclos) se decante en este segundo sentido. El análisis de las acciones colectivas realizado no cuestiona el supuesto democrático de la sociedad costarricense. Prestar atención al uso de esta reforma en el contexto de nuevas protestas sociales permitirá responder que tan autistas o conciliadores son los gobernantes con las demandas expresadas mediante la acción colectiva.
SINDY MORA SOLANO: Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica.
El trabajo completo pueden leerlo en la Revista Electrónica de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. http://www.fcs.ucr.ac.cr/~historia/articulos/2007/vol1/9_accioncolectiva_smora-vb.htm
QUE LA HISTORIA JUZGUE

N° 36-2.003
Sesión extraordinaria de Corte Plena celebrada a las trece horas treinta minutos del veintinueve de setiembre de dos mil tres, con asistencia inicial de los Magistrados Mora, Presidente; Rivas, Solís, León, González Camacho, Escoto, Aguirre, Villanueva, van der Laat, Varela, Vega, Ramírez, Castro, Arroyo, Solano, Calzada, Armijo y las suplentes María Elena Gómez Cortés y Susana Castro Alpízar, quienes sustituyen a los Magistrados Chaves y Vargas, por permiso con goce de salario para desempeñar otras actividades propias del cargo y por vacaciones, respectivamente.
ARTÍCULO I
Se aprobó el acta de la sesión de Corte Plena celebrada el 8 de setiembre en curso. N° 34-2.003.
Los Magistrados Solís, Aguirre, van der Laat, Vega y Armijo, se abstuvieron de votar, por no haber asistido a esa sesión.
ARTÍCULO II
El Presidente, Magistrado Mora, procede a recibir el juramento al Magistrado Solano, a quien en sesión celebrada el 22 de este mes, artículo VII, se le designó como Presidente de esta Corte, del 1 al 9 de octubre próximo, en reemplazo del Magistrado Mora, a quien se concedió permiso con goce de salario, para otras actividades del cargo y en razón de que el Vicepresidente, Magistrado Chaves, se encuentra en esas fechas en vacaciones.
El Magistrado Solano aceptó el cargo y juró cumplirlo bien y fielmente.
ARTÍCULO III
ENTRA EL MAGISTRADO ARGUEDAS.
En sesión celebrada el 18 de agosto pasado, artículo VIII, se tomó el siguiente acuerdo:
“Mediante memorando de fecha 11 de este mes, el licenciado Luis Carlos Abellán Barquero, Abogado Asistente de la Presidencia de la Corte, remite el memorial de 6 de agosto en curso, en el que el señor Olman Madrigal C., consulta a tenor de los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, si el voto dictado por la Sala Constitucional en relación con la reelección presidencial, “es válido, toda vez que dicho asunto ya era cosa juzgada, y de acuerdo con la ley no podía ser juzgado de nuevo, ya que lo había sido por el fondo y por la forma”.
Dice el Magistrado Vega: “Quisiera si es posible que se nos explicara un poquito la situación, porque sinceramente del contenido de la redacción me queda un poco dudoso el asunto.”
Al respecto explica el Presidente, Magistrado Mora: “Se recibió una nota de don Olman Madrigal C, que entiendo se les remitió a ustedes copia, quien es representante de Casas Extranjeras, él dijo lo siguiente: “…relacionado con el fallo dado por la Sala Constitucional de hace unos días relacionado con la reelección presidencial en el que dicha Sala dio su voto afirmativo a favor de la reelección presidencial, pregunto a tenor de los artículos 27 y 30 de nuestra Constitución Política, si este voto es válido, toda vez que dicho asunto ya era cosa juzgada y de acuerdo con la Ley no podía ser juzgado de nuevo, ya que lo había sido por el fondo y por la forma que Dios los bendiga, atentamente, una firma.”.
Yo hablé sobre este tema con Luis Carlos Avellán y le dije que enviara la nota de Don Olman a la Sala Constitucional, y que le contestara a don Olman diciéndole que sólo la Sala Constitucional si era del caso podría aclararle la situación, entonces Don Luis Carlos le envía una nota que dice: “…al respecto me permito indicarle que la nota con sus peticiones ha sido dirigida a la Sala Constitucional a quien corresponde analizar su petitoria y contestarle según proceda en Derecho”. Don Olman se enojó mucho por eso y envió una nota diciendo: “…el día de hoy vía fax he recibido carta del señor Luis Carlos Avellán, con fecha 7 de agosto del 2003, en la que manifiesta entre otras cosas… la nota con sus peticiones ha sido dirigida a la Sala Constitucional a quien corresponde analizar su petitoria y contestarle según proceda en Derecho, por lo que yo manifiesto enfáticamente que habiendo yo dirigido mi consulta a los señores Magistrados de la Corte Plena, conforme a Derecho son ustedes señores Magistrados de la Corte Plena quienes deben evacuar la susodicha consulta y no la Sala Constitucional, por lo que les ruego que así se haga, además le estoy solicitando a usted como autoridad superior de la Inspección Judicial se analice la actitud del licenciado Avellán en este asunto, ya que su accionar me hace sospechar que podría haber una intención de enviar el asunto a una instancia sobre la que precisamente yo tengo dudas de si su actuación estuvo ajustada a Derecho o no, para que en este misma instancia según Avellán resolviera mi consulta, lo cual como ustedes mismos saben señores Magistrados no estaría ajustado a Derecho y se estaría vulnerando el derecho de información consagrado en los artículo 27 y 30 de nuestra Constitución Política.”.
Por eso me pareció entonces que ya habría que necesariamente traerlo acá y por eso fue que propuse que le contestáramos a este señor diciéndole que esta Corte no tiene facultades para responderle, que para ello consulte el artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en donde se establecen cuales son las atribuciones de esta Corte y que al tratarse de un asunto jurisdiccional la Corte no puede abocarse a su conocimiento como él nos lo pide, según el artículo 4 de la Ley y que en razón de eso no se puede conocer de ese pronunciamiento por no estarle legalmente autorizado a la Corte y al mismo tiempo como entiendo yo que la acción que Luis Carlos Avellán como Abogado Asistente de la Presidencia realizó se ajusta a Derecho, pues me parece que no ha lugar a remitir a la Inspección esas diligencias.”
El Magistrado Vega, manifiesta: “Muchas gracias señor Presidente por la aclaración, lo que pasa es que no tenía copia de los documentos y me quedaba un poco difícil de entender el tema de la Inspección Judicial, pero queda suficientemente aclarado, le agradezco mucho.”
Se dispuso: Informar al señor Madrigal C. que esta Corte no tiene facultades legales para responder a su pregunta (artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Al tratarse de un asunto jurisdiccional la Corte no puede avocarse a su conocimiento (artículo 4 ejúsdem), ni puede conocer por recurso de ese pronunciamiento, al no estarle legalmente autorizado.
Por ajustarse a derecho la acción dispuesta por el Lic. Luis Carlos Abellán B. como Abogado asistente del Presidente de la Corte, en relación con la solicitud del señor Madrigal C., no ha lugar a remitir a la Inspección Judicial estas diligencias.
Los Magistrados de la Sala Constitucional se abstuvieron de votar”.
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En escrito fechado el 16 de setiembre en curso, el señor Madrigal Campos, expresa:
“Con respeto me presento a manifestar: No estando de acuerdo con su negativa a contestar mi pregunta hecha en mi escrito del 6 de agosto, mediante su respuesta consignada en documento detallados en referencia, fundo mi reiteración de la solicitud de información en los siguientes argumentos:
En el artículo 58 de la LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL, inciso 22, que dice: “Las demás que señalan la Constitución y las Leyes”, Inciso el anterior, que para mayor abundamiento, es concordante con el artículo 14 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en su artículo 14, que dice: “La sala Constitucional y su jurisdicción estarán sometidas únicamente a la Constitución Política y a la Ley…”Por lo que, señores magistrados, es perfectamente procedente mi consulta invocando los artículos 27 y 30 de nuestra Constitución Política, para que sea contestada por LA CORTE PLENA, porque la Constitución me faculta, cuando dice en su artículo 27: “SE GARANTIZA LA LIBERTAD DE PETICION EN FORMA INDIVIDUAL O COLECTIVA, ANTE CUALQUIER FUNCIONARIO PUBLICO O ENTIDAD OFICIAL Y DERECHO A OBTENER PRONTA RESOLUCION” ADEMAS AL ESTAR LA SALA CONSTITUCIONAL SUJETA A LA LEY, ESTARIA SUJETA AL REGIMEN DISCIPLINARIO DE LA INSPECCION JUDICIAL, ARTICULO 59 INCISOS 12 Y 17 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL, Y A SANCIONES PENALES EN CASO DE FALTAS GRAVES O GRAVISIMAS, ETC. ETC., LAS CUALES EN ULTIMA INSTANCIA, SERIAN DE LA COMPETENCIA OBLIGATORIA DE LA CORTE PLENA, quien es la llamada a sancionar o disciplinar a los magistrados, y los de la Sala Constitucional no serían la excepción.
Por lo tanto señores Magistrados de la Corte Plena, en este acto RECUSO SU RESPUESTA A MI SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y LA REITERO CONFORME A DERECHO.”
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Se acordó: Denegar la solicitud del señor Madrigal Campos y mantener lo resuelto en sesión del 18 del pasado mes de agosto, artículo VIII. Lo anterior, en virtud de no existir norma legal que establezca que esta Corte Plena, en el caso que interesa al petente, sea superior jerárquico en materia jurisdiccional de la Sala Constitucional.
Sesión extraordinaria de Corte Plena celebrada a las trece horas treinta minutos del veintinueve de setiembre de dos mil tres, con asistencia inicial de los Magistrados Mora, Presidente; Rivas, Solís, León, González Camacho, Escoto, Aguirre, Villanueva, van der Laat, Varela, Vega, Ramírez, Castro, Arroyo, Solano, Calzada, Armijo y las suplentes María Elena Gómez Cortés y Susana Castro Alpízar, quienes sustituyen a los Magistrados Chaves y Vargas, por permiso con goce de salario para desempeñar otras actividades propias del cargo y por vacaciones, respectivamente.
ARTÍCULO I
Se aprobó el acta de la sesión de Corte Plena celebrada el 8 de setiembre en curso. N° 34-2.003.
Los Magistrados Solís, Aguirre, van der Laat, Vega y Armijo, se abstuvieron de votar, por no haber asistido a esa sesión.
ARTÍCULO II
El Presidente, Magistrado Mora, procede a recibir el juramento al Magistrado Solano, a quien en sesión celebrada el 22 de este mes, artículo VII, se le designó como Presidente de esta Corte, del 1 al 9 de octubre próximo, en reemplazo del Magistrado Mora, a quien se concedió permiso con goce de salario, para otras actividades del cargo y en razón de que el Vicepresidente, Magistrado Chaves, se encuentra en esas fechas en vacaciones.
El Magistrado Solano aceptó el cargo y juró cumplirlo bien y fielmente.
ARTÍCULO III
ENTRA EL MAGISTRADO ARGUEDAS.
En sesión celebrada el 18 de agosto pasado, artículo VIII, se tomó el siguiente acuerdo:
“Mediante memorando de fecha 11 de este mes, el licenciado Luis Carlos Abellán Barquero, Abogado Asistente de la Presidencia de la Corte, remite el memorial de 6 de agosto en curso, en el que el señor Olman Madrigal C., consulta a tenor de los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, si el voto dictado por la Sala Constitucional en relación con la reelección presidencial, “es válido, toda vez que dicho asunto ya era cosa juzgada, y de acuerdo con la ley no podía ser juzgado de nuevo, ya que lo había sido por el fondo y por la forma”.
Dice el Magistrado Vega: “Quisiera si es posible que se nos explicara un poquito la situación, porque sinceramente del contenido de la redacción me queda un poco dudoso el asunto.”
Al respecto explica el Presidente, Magistrado Mora: “Se recibió una nota de don Olman Madrigal C, que entiendo se les remitió a ustedes copia, quien es representante de Casas Extranjeras, él dijo lo siguiente: “…relacionado con el fallo dado por la Sala Constitucional de hace unos días relacionado con la reelección presidencial en el que dicha Sala dio su voto afirmativo a favor de la reelección presidencial, pregunto a tenor de los artículos 27 y 30 de nuestra Constitución Política, si este voto es válido, toda vez que dicho asunto ya era cosa juzgada y de acuerdo con la Ley no podía ser juzgado de nuevo, ya que lo había sido por el fondo y por la forma que Dios los bendiga, atentamente, una firma.”.
Yo hablé sobre este tema con Luis Carlos Avellán y le dije que enviara la nota de Don Olman a la Sala Constitucional, y que le contestara a don Olman diciéndole que sólo la Sala Constitucional si era del caso podría aclararle la situación, entonces Don Luis Carlos le envía una nota que dice: “…al respecto me permito indicarle que la nota con sus peticiones ha sido dirigida a la Sala Constitucional a quien corresponde analizar su petitoria y contestarle según proceda en Derecho”. Don Olman se enojó mucho por eso y envió una nota diciendo: “…el día de hoy vía fax he recibido carta del señor Luis Carlos Avellán, con fecha 7 de agosto del 2003, en la que manifiesta entre otras cosas… la nota con sus peticiones ha sido dirigida a la Sala Constitucional a quien corresponde analizar su petitoria y contestarle según proceda en Derecho, por lo que yo manifiesto enfáticamente que habiendo yo dirigido mi consulta a los señores Magistrados de la Corte Plena, conforme a Derecho son ustedes señores Magistrados de la Corte Plena quienes deben evacuar la susodicha consulta y no la Sala Constitucional, por lo que les ruego que así se haga, además le estoy solicitando a usted como autoridad superior de la Inspección Judicial se analice la actitud del licenciado Avellán en este asunto, ya que su accionar me hace sospechar que podría haber una intención de enviar el asunto a una instancia sobre la que precisamente yo tengo dudas de si su actuación estuvo ajustada a Derecho o no, para que en este misma instancia según Avellán resolviera mi consulta, lo cual como ustedes mismos saben señores Magistrados no estaría ajustado a Derecho y se estaría vulnerando el derecho de información consagrado en los artículo 27 y 30 de nuestra Constitución Política.”.
Por eso me pareció entonces que ya habría que necesariamente traerlo acá y por eso fue que propuse que le contestáramos a este señor diciéndole que esta Corte no tiene facultades para responderle, que para ello consulte el artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en donde se establecen cuales son las atribuciones de esta Corte y que al tratarse de un asunto jurisdiccional la Corte no puede abocarse a su conocimiento como él nos lo pide, según el artículo 4 de la Ley y que en razón de eso no se puede conocer de ese pronunciamiento por no estarle legalmente autorizado a la Corte y al mismo tiempo como entiendo yo que la acción que Luis Carlos Avellán como Abogado Asistente de la Presidencia realizó se ajusta a Derecho, pues me parece que no ha lugar a remitir a la Inspección esas diligencias.”
El Magistrado Vega, manifiesta: “Muchas gracias señor Presidente por la aclaración, lo que pasa es que no tenía copia de los documentos y me quedaba un poco difícil de entender el tema de la Inspección Judicial, pero queda suficientemente aclarado, le agradezco mucho.”
Se dispuso: Informar al señor Madrigal C. que esta Corte no tiene facultades legales para responder a su pregunta (artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Al tratarse de un asunto jurisdiccional la Corte no puede avocarse a su conocimiento (artículo 4 ejúsdem), ni puede conocer por recurso de ese pronunciamiento, al no estarle legalmente autorizado.
Por ajustarse a derecho la acción dispuesta por el Lic. Luis Carlos Abellán B. como Abogado asistente del Presidente de la Corte, en relación con la solicitud del señor Madrigal C., no ha lugar a remitir a la Inspección Judicial estas diligencias.
Los Magistrados de la Sala Constitucional se abstuvieron de votar”.
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En escrito fechado el 16 de setiembre en curso, el señor Madrigal Campos, expresa:
“Con respeto me presento a manifestar: No estando de acuerdo con su negativa a contestar mi pregunta hecha en mi escrito del 6 de agosto, mediante su respuesta consignada en documento detallados en referencia, fundo mi reiteración de la solicitud de información en los siguientes argumentos:
En el artículo 58 de la LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL, inciso 22, que dice: “Las demás que señalan la Constitución y las Leyes”, Inciso el anterior, que para mayor abundamiento, es concordante con el artículo 14 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en su artículo 14, que dice: “La sala Constitucional y su jurisdicción estarán sometidas únicamente a la Constitución Política y a la Ley…”Por lo que, señores magistrados, es perfectamente procedente mi consulta invocando los artículos 27 y 30 de nuestra Constitución Política, para que sea contestada por LA CORTE PLENA, porque la Constitución me faculta, cuando dice en su artículo 27: “SE GARANTIZA LA LIBERTAD DE PETICION EN FORMA INDIVIDUAL O COLECTIVA, ANTE CUALQUIER FUNCIONARIO PUBLICO O ENTIDAD OFICIAL Y DERECHO A OBTENER PRONTA RESOLUCION” ADEMAS AL ESTAR LA SALA CONSTITUCIONAL SUJETA A LA LEY, ESTARIA SUJETA AL REGIMEN DISCIPLINARIO DE LA INSPECCION JUDICIAL, ARTICULO 59 INCISOS 12 Y 17 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL, Y A SANCIONES PENALES EN CASO DE FALTAS GRAVES O GRAVISIMAS, ETC. ETC., LAS CUALES EN ULTIMA INSTANCIA, SERIAN DE LA COMPETENCIA OBLIGATORIA DE LA CORTE PLENA, quien es la llamada a sancionar o disciplinar a los magistrados, y los de la Sala Constitucional no serían la excepción.
Por lo tanto señores Magistrados de la Corte Plena, en este acto RECUSO SU RESPUESTA A MI SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y LA REITERO CONFORME A DERECHO.”
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Se acordó: Denegar la solicitud del señor Madrigal Campos y mantener lo resuelto en sesión del 18 del pasado mes de agosto, artículo VIII. Lo anterior, en virtud de no existir norma legal que establezca que esta Corte Plena, en el caso que interesa al petente, sea superior jerárquico en materia jurisdiccional de la Sala Constitucional.
ALBERTO CAÑAS: ENTREGUISMO DE LA CLASE POLITICA COSTARRICENSE

La República 18-05-2003Alberto F. Cañas
Es un axioma que la naturaleza no permite vacíos. Y quien ignore o haga caso omiso de esto, va perdido.
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Desde hace casi veinte años, Costa Rica viene dirigida por una generación (de políticos, de empresarios, de economistas, de yuppies, de lo que sea), cuyo único norte es el enriquecimiento (diz que del país pero personal a la larga), montada en un carro que llaman globalización, pero que nuestros patricios de la década de 1920 (los de la Liga Cívica) habrían calificado lisa y llanamente de entreguismo. Esto, por no citar su costumbre de cobrar cats y amarrar dogs.
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Todo en este país cambia de manos, y todo en este país cambia. La nación que se ufanaba de ser una fluida sociedad de pequeños propietarios y pequeños empresarios, se ha transformado, en favor de los grandes. Desaparecieron primero las pulperías, más tarde las sodas, están desapareciendo las farmacias. Todo pasa a ser dominado por grandes consorcios, a veces nacionales, con frecuencia extranjeros.
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Es una nueva manera que tienen nuestros amigos del Norte, de formular su vieja doctrina del Destino Manifiesto. Estamos, los países de Centroamérica y del Caribe, dicen, destinados por Dios a ser el patio trasero de la gran potencia. Y esto, que en otros tiempos se manifestaba en desembarcos de la Infantería de Marina (de los que Costa Rica pudo escaparse), ahora se presenta como el producto inevitable de lo que llama globalización, que a la larga se está terminando por resumir en el control del mundo por los grandes consorcios bancarios y los grandes capitalistas, que han terminado por acogotar al gobierno de los Estados Unidos, apoderarse de él, y obtener contratos para la reconstrucción de los países que ellos mismos aconsejan destruir.
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La clase política (o político-financiera) de nuestro país, guarda un silencio profundo y de plena conformidad con todo eso. Y hemos visto cómo algunos de nuestros hasta ayer respetados líderes políticos, se han embarcado en la lancha de las privatizaciones (que tanta ruina ha traído en Sudamérica).
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El país le dijo NO al célebre e histórico combo del ICE (que a la larga no consistía en vender sino en desmantelar la institución mientras alguna transnacional, probablemente la American T.&T., se hacía cargo de nuestra fuerza, nuestra luz y nuestros teléfonos.
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El NO lo dijo el país. Ningún partido político participó en él. Para vergüenza eterna de sus "dirigentes", Liberación apoyó el Combo. Pero el pueblo se manifestó y el Combo se fue al cajón de la basura.
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Ayudaron los estudiantes, pero no han persistido. La naturaleza en todo caso no permite vacíos. Y ante la deserción de los partidos y la ausencia de los estudiantes alguien ha tomado ahora el liderazgo. Los sindicatos.
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Los sindicatos de Costa Rica son abrumadoramente del sector público. El sindicalismo de empresa privada casi se redujo al que con éxito organizaron los comunistas en la zona bananera.
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Los trabajadores del ICE han asumido la pelea que nadie daba. Y por supuesto, como todo el que defiende una causa, pueden caer en excesos. Pero son los que han mantenido la bandera en alto, ante el entreguismo manifiesto o vergonzante de los partidos históricos, de la clase dirigente y de los que aspiran a convertir a Costa Rica en una nueva edición de El Salvador de las 14 familias. Seguiré en la próxima.
ChisporroteosLa República 25-05-2003Alberto F. Cañas
Decía esta columna el sábado pasado, que la lucha contra el entreguismo, la privatización y la colonización la han asumido en este país los sindicatos, ante la renuncia de los partidos tradicionales, y la desvergüenza de las clases dirigentes (tanto la política, como la económica, como el coctel de ambas que manda aquí).
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Y esto, como era de esperar, tiene alarmadísimos a los círculos que vienen hace sesenta años o más, satanizando, execrando y maldiciendo a los sindicatos. Para ciertos sectores de Costa Rica (prensa incluida), los sindicatos son un invento diabólico, y no una forma de organización que está incluida en nuestra Constitución como una garantía (artículo 60).
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Nuestra prensa ha sido básicamente hostil a los sindicatos, al sindicalismo y al derecho de huelga. No recuerdo haber leído nunca en este país que un periódico haya estimado que una huelga fuese justa. Tampoco, que se haya referido con benevolencia a un dirigente sindical. Todos son "aprovechados", "abusivos" y "vividores". De esa manera, han pretendido nuestros periodistas, no sé si logrado, que la sociedad desconfíe de todo sindicalista. Al mismo tiempo se ha exaltado casi hasta el benemeritazgo, a la contraparte de los sindicalistas en materia de grupos de presión: los directores de las cámaras.
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Y ahora, horror de horrores, son los sindicalistas los que encabezan la lucha contra la entrega a extranjeros de nuestras instituciones más queridas. Estos malvados sindicalistas pretenden que el ICE ha sido una institución benéfica para los costarricenses, pretenden que siga siendo absolutamente costarricense, pretenden, en suma, que algo se salve en esta orgía de "Costa Rica al mejor postor" en que nos tiene metidos la generación de yuppies que nos gobierna desde la avioneta set.
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En estos momentos —y me apresuro a afirmar que pueden estar equivocados, que pueden estarse excediendo en lo que piden, porque todo puede suceder— los sindicalistas del ICE son los abanderados de la vergüenza y el pudor de los costarricenses. Y por el momento están asumiendo un papel, solos pero con el apoyo popular que no tiene acceso a las páginas de los periódicos pero que salió a la calle en marzo del 2000, visto todavía por ciertos espíritus tímidos como una especie de ruptura de la legalidad (tal vez como fue ruptura de la legalidad la huelga de brazos caídos de 1947 y toda la vida de Gandhi): el papel de rebeldes, el papel de relojes despertadores, y en algún grado, de depositarios de la vergüenza nacional, del espíritu nacionalista, del imperativo territorial y de la tradición costarricense pura, la de los pequeños empresarios, la de los capitales que se formaban trabajando la tierra, no especulando con títulos valores. La tradición, digo, de la Liga Cívica, cuyos miembros hasta agresiones a tiros sufrieron en 1928.
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Al señalar este papel trascendental que representantes de la clase trabajadora están desempeñando en una lucha nacional por la reivindicación de nuestros propios valores autóctonos, históricos y democráticos (puestos en tela de juicio sobre la base de que "los tiempos cambian" como si solo hubieran comenzado a cambiar a partir de Ronald Reagan en 1981) no pretendo dar una bendición general a todo el sindicalismo de Costa Rica. Las convenciones colectivas de ciertas autónomas, llenas de abusos, son vergonzosas. Pero no son sólo responsabilidad de los sindicatos que las plantearon, sino también de la alcahuetería de quienes las negociaron como patronos sin ser patronos, pues el patrono es el Estado, no el Presidente Ejecutivo, mero funcionario transitorio. En suma, son un ejemplo más de la corrupción política, y nada tienen que ver con el ejemplo levantado de los que sí se han erguido en defensa de los mejores valores de la nacionalidad.
Es un axioma que la naturaleza no permite vacíos. Y quien ignore o haga caso omiso de esto, va perdido.
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Desde hace casi veinte años, Costa Rica viene dirigida por una generación (de políticos, de empresarios, de economistas, de yuppies, de lo que sea), cuyo único norte es el enriquecimiento (diz que del país pero personal a la larga), montada en un carro que llaman globalización, pero que nuestros patricios de la década de 1920 (los de la Liga Cívica) habrían calificado lisa y llanamente de entreguismo. Esto, por no citar su costumbre de cobrar cats y amarrar dogs.
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Todo en este país cambia de manos, y todo en este país cambia. La nación que se ufanaba de ser una fluida sociedad de pequeños propietarios y pequeños empresarios, se ha transformado, en favor de los grandes. Desaparecieron primero las pulperías, más tarde las sodas, están desapareciendo las farmacias. Todo pasa a ser dominado por grandes consorcios, a veces nacionales, con frecuencia extranjeros.
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Es una nueva manera que tienen nuestros amigos del Norte, de formular su vieja doctrina del Destino Manifiesto. Estamos, los países de Centroamérica y del Caribe, dicen, destinados por Dios a ser el patio trasero de la gran potencia. Y esto, que en otros tiempos se manifestaba en desembarcos de la Infantería de Marina (de los que Costa Rica pudo escaparse), ahora se presenta como el producto inevitable de lo que llama globalización, que a la larga se está terminando por resumir en el control del mundo por los grandes consorcios bancarios y los grandes capitalistas, que han terminado por acogotar al gobierno de los Estados Unidos, apoderarse de él, y obtener contratos para la reconstrucción de los países que ellos mismos aconsejan destruir.
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La clase política (o político-financiera) de nuestro país, guarda un silencio profundo y de plena conformidad con todo eso. Y hemos visto cómo algunos de nuestros hasta ayer respetados líderes políticos, se han embarcado en la lancha de las privatizaciones (que tanta ruina ha traído en Sudamérica).
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El país le dijo NO al célebre e histórico combo del ICE (que a la larga no consistía en vender sino en desmantelar la institución mientras alguna transnacional, probablemente la American T.&T., se hacía cargo de nuestra fuerza, nuestra luz y nuestros teléfonos.
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El NO lo dijo el país. Ningún partido político participó en él. Para vergüenza eterna de sus "dirigentes", Liberación apoyó el Combo. Pero el pueblo se manifestó y el Combo se fue al cajón de la basura.
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Ayudaron los estudiantes, pero no han persistido. La naturaleza en todo caso no permite vacíos. Y ante la deserción de los partidos y la ausencia de los estudiantes alguien ha tomado ahora el liderazgo. Los sindicatos.
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Los sindicatos de Costa Rica son abrumadoramente del sector público. El sindicalismo de empresa privada casi se redujo al que con éxito organizaron los comunistas en la zona bananera.
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Los trabajadores del ICE han asumido la pelea que nadie daba. Y por supuesto, como todo el que defiende una causa, pueden caer en excesos. Pero son los que han mantenido la bandera en alto, ante el entreguismo manifiesto o vergonzante de los partidos históricos, de la clase dirigente y de los que aspiran a convertir a Costa Rica en una nueva edición de El Salvador de las 14 familias. Seguiré en la próxima.
ChisporroteosLa República 25-05-2003Alberto F. Cañas
Decía esta columna el sábado pasado, que la lucha contra el entreguismo, la privatización y la colonización la han asumido en este país los sindicatos, ante la renuncia de los partidos tradicionales, y la desvergüenza de las clases dirigentes (tanto la política, como la económica, como el coctel de ambas que manda aquí).
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Y esto, como era de esperar, tiene alarmadísimos a los círculos que vienen hace sesenta años o más, satanizando, execrando y maldiciendo a los sindicatos. Para ciertos sectores de Costa Rica (prensa incluida), los sindicatos son un invento diabólico, y no una forma de organización que está incluida en nuestra Constitución como una garantía (artículo 60).
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Nuestra prensa ha sido básicamente hostil a los sindicatos, al sindicalismo y al derecho de huelga. No recuerdo haber leído nunca en este país que un periódico haya estimado que una huelga fuese justa. Tampoco, que se haya referido con benevolencia a un dirigente sindical. Todos son "aprovechados", "abusivos" y "vividores". De esa manera, han pretendido nuestros periodistas, no sé si logrado, que la sociedad desconfíe de todo sindicalista. Al mismo tiempo se ha exaltado casi hasta el benemeritazgo, a la contraparte de los sindicalistas en materia de grupos de presión: los directores de las cámaras.
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Y ahora, horror de horrores, son los sindicalistas los que encabezan la lucha contra la entrega a extranjeros de nuestras instituciones más queridas. Estos malvados sindicalistas pretenden que el ICE ha sido una institución benéfica para los costarricenses, pretenden que siga siendo absolutamente costarricense, pretenden, en suma, que algo se salve en esta orgía de "Costa Rica al mejor postor" en que nos tiene metidos la generación de yuppies que nos gobierna desde la avioneta set.
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En estos momentos —y me apresuro a afirmar que pueden estar equivocados, que pueden estarse excediendo en lo que piden, porque todo puede suceder— los sindicalistas del ICE son los abanderados de la vergüenza y el pudor de los costarricenses. Y por el momento están asumiendo un papel, solos pero con el apoyo popular que no tiene acceso a las páginas de los periódicos pero que salió a la calle en marzo del 2000, visto todavía por ciertos espíritus tímidos como una especie de ruptura de la legalidad (tal vez como fue ruptura de la legalidad la huelga de brazos caídos de 1947 y toda la vida de Gandhi): el papel de rebeldes, el papel de relojes despertadores, y en algún grado, de depositarios de la vergüenza nacional, del espíritu nacionalista, del imperativo territorial y de la tradición costarricense pura, la de los pequeños empresarios, la de los capitales que se formaban trabajando la tierra, no especulando con títulos valores. La tradición, digo, de la Liga Cívica, cuyos miembros hasta agresiones a tiros sufrieron en 1928.
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Al señalar este papel trascendental que representantes de la clase trabajadora están desempeñando en una lucha nacional por la reivindicación de nuestros propios valores autóctonos, históricos y democráticos (puestos en tela de juicio sobre la base de que "los tiempos cambian" como si solo hubieran comenzado a cambiar a partir de Ronald Reagan en 1981) no pretendo dar una bendición general a todo el sindicalismo de Costa Rica. Las convenciones colectivas de ciertas autónomas, llenas de abusos, son vergonzosas. Pero no son sólo responsabilidad de los sindicatos que las plantearon, sino también de la alcahuetería de quienes las negociaron como patronos sin ser patronos, pues el patrono es el Estado, no el Presidente Ejecutivo, mero funcionario transitorio. En suma, son un ejemplo más de la corrupción política, y nada tienen que ver con el ejemplo levantado de los que sí se han erguido en defensa de los mejores valores de la nacionalidad.
LA POLITICA SINDICAL DEL ESTADO HONDUREÑO
RESUMEN DE TESISMaestría Centroamericana en Sociología
La política sindical del Estado Hondureño: el caso del sector público, (períodos 1972-75 y 1982-85)
LEONOR MEZA PINEDA (Presentada en 1990)
El análisis socio-político que presentamos en este trabajo de investigación, constituye un esfuerzo teórico-metodológico, por desentrañar los diversos elementos que se interrelacionan en la "política sindical" del Estado, así como las formas en que se expresa o materializa esa "política sindical estatal" en la relación "Estado-Sindicato", con énfasis en la relación del Estado con los sindicatos del sector público.
Las políticas estatales que analizamos, se refieren a dos períodos gubernamentales, con circunstancias y contextos socio-políticos particulares, como lo son: el período militar reformista de 1972/1975 y el período constitucional liberal de 1982/1985. A fin de ligar los dos períodos, se identificó entre ambos, un momento que se denominó la "contrarreforma" 1976/1981.
Este trabajo gira en torno a seis ejes temáticos:
Contexto económico y social de la política sindical del Estado
Naturaleza de la política sindical.
Fuerzas sociales y políticas que formulan y ejecutan la política sindical estatal.
Características de la política sindical.
Reacción de los sindicatos ante la política sindical del Estado.
Conclusiones.
En el contexto socio-económico, se hace un análisis de los principales indicadores que están a la base de una u otra política sindical, tales como: el Producto Interno Bruto (PIB), el comportamiento de los salarios, índice general de precios, empleo, desempleo, inflación y otros.
La naturaleza de la política sindical se analiza a través de la naturaleza de los regímenes de gobierno que estaban constituidos tanto en un período como en otro, haciendo énfasis en la concepción política e ideológica gubernamental que subyace detrás de una "política sindical".
En el capítulo relativo a las fuerzas sociales y políticas que formula y ejecuta la "política sindical estatal", tratamos de identificar, caracterizar y explicar el papel que juegan los distintos sectores sociales y políticos, en la relación Estado-Sindicatos.
En el aparato referente a las características de la "política sindical", se trata de dar explicación a las variaciones, contradicciones, la dinámica y la ideologización de la "política sindical" mediante cuatro características: 1) variabilidad; 2) heterogeneidad; 3)dinamicidad; 4)ideologicidad de la política sindical).
En cuanto a la reacción de los Sindicatos del sector público frente a la política sindical del Estado, se trata de explicar la actitud que asumen los sindicatos frente al gobierno tanto en un período como en otro, procurando reconstruir con datos estadísticos sus acciones sindicales y su tipo de planteamientos por medio de sus propios documentos sindicales y populares.
Finalmente, presentamos un resumen de conclusiones tanto en un período como en otro, las cuales tratan de sintetizar los elementos demostrables en la hipótesis de este trabajo y una aproximación a una propuesta de cómo los sindicatos del sector público y el movimiento sindical en general pueden enfrentar los años 90.
La política sindical del Estado Hondureño: el caso del sector público, (períodos 1972-75 y 1982-85)
LEONOR MEZA PINEDA (Presentada en 1990)
El análisis socio-político que presentamos en este trabajo de investigación, constituye un esfuerzo teórico-metodológico, por desentrañar los diversos elementos que se interrelacionan en la "política sindical" del Estado, así como las formas en que se expresa o materializa esa "política sindical estatal" en la relación "Estado-Sindicato", con énfasis en la relación del Estado con los sindicatos del sector público.
Las políticas estatales que analizamos, se refieren a dos períodos gubernamentales, con circunstancias y contextos socio-políticos particulares, como lo son: el período militar reformista de 1972/1975 y el período constitucional liberal de 1982/1985. A fin de ligar los dos períodos, se identificó entre ambos, un momento que se denominó la "contrarreforma" 1976/1981.
Este trabajo gira en torno a seis ejes temáticos:
Contexto económico y social de la política sindical del Estado
Naturaleza de la política sindical.
Fuerzas sociales y políticas que formulan y ejecutan la política sindical estatal.
Características de la política sindical.
Reacción de los sindicatos ante la política sindical del Estado.
Conclusiones.
En el contexto socio-económico, se hace un análisis de los principales indicadores que están a la base de una u otra política sindical, tales como: el Producto Interno Bruto (PIB), el comportamiento de los salarios, índice general de precios, empleo, desempleo, inflación y otros.
La naturaleza de la política sindical se analiza a través de la naturaleza de los regímenes de gobierno que estaban constituidos tanto en un período como en otro, haciendo énfasis en la concepción política e ideológica gubernamental que subyace detrás de una "política sindical".
En el capítulo relativo a las fuerzas sociales y políticas que formula y ejecuta la "política sindical estatal", tratamos de identificar, caracterizar y explicar el papel que juegan los distintos sectores sociales y políticos, en la relación Estado-Sindicatos.
En el aparato referente a las características de la "política sindical", se trata de dar explicación a las variaciones, contradicciones, la dinámica y la ideologización de la "política sindical" mediante cuatro características: 1) variabilidad; 2) heterogeneidad; 3)dinamicidad; 4)ideologicidad de la política sindical).
En cuanto a la reacción de los Sindicatos del sector público frente a la política sindical del Estado, se trata de explicar la actitud que asumen los sindicatos frente al gobierno tanto en un período como en otro, procurando reconstruir con datos estadísticos sus acciones sindicales y su tipo de planteamientos por medio de sus propios documentos sindicales y populares.
Finalmente, presentamos un resumen de conclusiones tanto en un período como en otro, las cuales tratan de sintetizar los elementos demostrables en la hipótesis de este trabajo y una aproximación a una propuesta de cómo los sindicatos del sector público y el movimiento sindical en general pueden enfrentar los años 90.
LA POLITICA SINDICAL DEL ESTADO HONDUREÑO
RESUMEN DE TESISMaestría Centroamericana en Sociología
La política sindical del Estado Hondureño: el caso del sector público, (períodos 1972-75 y 1982-85)
LEONOR MEZA PINEDA (Presentada en 1990)
El análisis socio-político que presentamos en este trabajo de investigación, constituye un esfuerzo teórico-metodológico, por desentrañar los diversos elementos que se interrelacionan en la "política sindical" del Estado, así como las formas en que se expresa o materializa esa "política sindical estatal" en la relación "Estado-Sindicato", con énfasis en la relación del Estado con los sindicatos del sector público.
Las políticas estatales que analizamos, se refieren a dos períodos gubernamentales, con circunstancias y contextos socio-políticos particulares, como lo son: el período militar reformista de 1972/1975 y el período constitucional liberal de 1982/1985. A fin de ligar los dos períodos, se identificó entre ambos, un momento que se denominó la "contrarreforma" 1976/1981.
Este trabajo gira en torno a seis ejes temáticos:
Contexto económico y social de la política sindical del Estado
Naturaleza de la política sindical.
Fuerzas sociales y políticas que formulan y ejecutan la política sindical estatal.
Características de la política sindical.
Reacción de los sindicatos ante la política sindical del Estado.
Conclusiones.
En el contexto socio-económico, se hace un análisis de los principales indicadores que están a la base de una u otra política sindical, tales como: el Producto Interno Bruto (PIB), el comportamiento de los salarios, índice general de precios, empleo, desempleo, inflación y otros.
La naturaleza de la política sindical se analiza a través de la naturaleza de los regímenes de gobierno que estaban constituidos tanto en un período como en otro, haciendo énfasis en la concepción política e ideológica gubernamental que subyace detrás de una "política sindical".
En el capítulo relativo a las fuerzas sociales y políticas que formula y ejecuta la "política sindical estatal", tratamos de identificar, caracterizar y explicar el papel que juegan los distintos sectores sociales y políticos, en la relación Estado-Sindicatos.
En el aparato referente a las características de la "política sindical", se trata de dar explicación a las variaciones, contradicciones, la dinámica y la ideologización de la "política sindical" mediante cuatro características: 1) variabilidad; 2) heterogeneidad; 3)dinamicidad; 4)ideologicidad de la política sindical).
En cuanto a la reacción de los Sindicatos del sector público frente a la política sindical del Estado, se trata de explicar la actitud que asumen los sindicatos frente al gobierno tanto en un período como en otro, procurando reconstruir con datos estadísticos sus acciones sindicales y su tipo de planteamientos por medio de sus propios documentos sindicales y populares.
Finalmente, presentamos un resumen de conclusiones tanto en un período como en otro, las cuales tratan de sintetizar los elementos demostrables en la hipótesis de este trabajo y una aproximación a una propuesta de cómo los sindicatos del sector público y el movimiento sindical en general pueden enfrentar los años 90.
La política sindical del Estado Hondureño: el caso del sector público, (períodos 1972-75 y 1982-85)
LEONOR MEZA PINEDA (Presentada en 1990)
El análisis socio-político que presentamos en este trabajo de investigación, constituye un esfuerzo teórico-metodológico, por desentrañar los diversos elementos que se interrelacionan en la "política sindical" del Estado, así como las formas en que se expresa o materializa esa "política sindical estatal" en la relación "Estado-Sindicato", con énfasis en la relación del Estado con los sindicatos del sector público.
Las políticas estatales que analizamos, se refieren a dos períodos gubernamentales, con circunstancias y contextos socio-políticos particulares, como lo son: el período militar reformista de 1972/1975 y el período constitucional liberal de 1982/1985. A fin de ligar los dos períodos, se identificó entre ambos, un momento que se denominó la "contrarreforma" 1976/1981.
Este trabajo gira en torno a seis ejes temáticos:
Contexto económico y social de la política sindical del Estado
Naturaleza de la política sindical.
Fuerzas sociales y políticas que formulan y ejecutan la política sindical estatal.
Características de la política sindical.
Reacción de los sindicatos ante la política sindical del Estado.
Conclusiones.
En el contexto socio-económico, se hace un análisis de los principales indicadores que están a la base de una u otra política sindical, tales como: el Producto Interno Bruto (PIB), el comportamiento de los salarios, índice general de precios, empleo, desempleo, inflación y otros.
La naturaleza de la política sindical se analiza a través de la naturaleza de los regímenes de gobierno que estaban constituidos tanto en un período como en otro, haciendo énfasis en la concepción política e ideológica gubernamental que subyace detrás de una "política sindical".
En el capítulo relativo a las fuerzas sociales y políticas que formula y ejecuta la "política sindical estatal", tratamos de identificar, caracterizar y explicar el papel que juegan los distintos sectores sociales y políticos, en la relación Estado-Sindicatos.
En el aparato referente a las características de la "política sindical", se trata de dar explicación a las variaciones, contradicciones, la dinámica y la ideologización de la "política sindical" mediante cuatro características: 1) variabilidad; 2) heterogeneidad; 3)dinamicidad; 4)ideologicidad de la política sindical).
En cuanto a la reacción de los Sindicatos del sector público frente a la política sindical del Estado, se trata de explicar la actitud que asumen los sindicatos frente al gobierno tanto en un período como en otro, procurando reconstruir con datos estadísticos sus acciones sindicales y su tipo de planteamientos por medio de sus propios documentos sindicales y populares.
Finalmente, presentamos un resumen de conclusiones tanto en un período como en otro, las cuales tratan de sintetizar los elementos demostrables en la hipótesis de este trabajo y una aproximación a una propuesta de cómo los sindicatos del sector público y el movimiento sindical en general pueden enfrentar los años 90.
El 1 de Mayo en Panamá

Significado actual del 1 de mayo Carlos Iván Zúñiga Guardia Tomado de http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2005/04/30/hoy/opinion/20...
El primero de mayo los trabajadores del mundo rinden homenaje a los mártires de Chicago y a todas las víctimas de la represión con motivo de las luchas obreras por las conquistas sociales. Es una lucha tan vieja como la historia de la civilización. Se inicia contra la esclavitud en sus distintas formas en las relaciones humanas y continúa con el objetivo de preservar siempre la dignidad de las personas. A pesar de la morosidad en el logro de algunas reivindicaciones, sobre todo en los países del tercer mundo, las relaciones obrero-patronales han ido mejorando. Esa mejoría se debe, fundamentalmente, al tesón de la clase trabajadora y a la responsabilidad social de la vieja clase política, sin dejar de reconocer la actitud moderna y hasta solidaria de algunos sectores empresariales. En ciertos países, como Chile, se observa la paradoja de que sustanciales conquistas laborales se alcanzaron en gobiernos de la derecha política.
Las personas que registran en el calendario de su vida el desamparo de la clase trabajadora durante las primeras décadas de la República, pueden dar fe del positivo salto histórico registrado en el campo de la seguridad social. En los años de 1939 y principios de 1940 laboraba, a mis 13 años, como peón aguatero o pinche en la construcción de la avenida central de Penonomé y en ese período no se contaba con ningún género de seguridad social, salvo algunas ligeras conquistas vigentes. Entonces sólo existían algunos beneficios en el campo de las prestaciones laborales, entre ellos los contenidos en las jornadas de 8 horas diarias establecidas por el presidente Porras y la famosa Ley octava de 1931. El mundo de aquellos años comparado con el mundo de hoy es espectacularmente diferente. La diferencia comenzó a perfilarse extraordinariamente con la creación de la Caja de Seguro Social en el año de 1941, bajo la administración de Arnulfo Arias y con la expedición del primero y único Código de Trabajo, durante el gobierno de Enrique A. Jiménez. (1948). Históricamente no existe otro Código Laboral. El llamado Código de Trabajo de 1972 en verdad es el Código de 1948, reformado en 1972. La Constitución Política de 1972 no lleva la fecha de sus reformas porque todas respetaron la matriz verde olivo de la original de 1972.
Es igualmente significativo el desarrollo de las organizaciones sindicales. En el pasado estuvieron desprovistas de poder de convocatoria, básicamente por la falta de coherencia entre los objetivos esenciales de las luchas obreras y la conducta de la mayoría de sus dirigentes, más inclinada al amarillismo personal o sindical. Desde luego existieron algunas excepciones, ocurridas antes del inicio de la dictadura militar. En la actualidad, es notoria la verticalidad de algunos sindicatos y dirigentes lo que se advierte o comprueba en el creciente poder de convocatoria que poseen. Esa evolución ha sido determinada por las nuevas tendencias del sindicalismo. En el pasado era legalista y no podía incursionar en la vida política de la nación ni desarrollar funciones distintas a las indicadas en el Código de Trabajo. La prohibición legal era una camisa de fuerza que limitaba su capacidad de acción. Hoy los sindicatos de trabajadores están politizados, son revolucionarios y, sin duda, clasistas, tal vez sin entender que su primer deber gremial es buscar la unidad de todos los sectores sin trabarla con adherencias ideológicas prioritarias. Hoy la dura realidad y el poder de la política como agente protagónico en toda la vida de la comunidad obliga a los trabajadores a intervenir en el territorio vedado. Fueron impulsados por un estado de necesidad de lógica equiparación o sobrevivencia. Esta realidad es tan cierta y fuerte que el sindicalismo panameño, el que ha anudado su conducta a sus intereses (no me refiero, desde luego al sindicalismo amarillo que aún existe) no guarda vínculo alguno con los partidos políticos vigentes porque, repito tienen su propia dinámica. El nuevo perfil sindical que se observa en algunos sindicatos de militancia permanente es propio y auténtico, no es dependiente de la clase política y ésta por su propia abulia social, ha dejado en manos de los sindicatos revolucionarios y políticos toda conducción de la protesta social. Esta evolución es lo que explica por qué los sindicatos libres de la inmoralidad que nace del soborno o del adocenamiento político, disparan por igual a los gobiernos del arnulfismo y a los gobiernos del torrijismo. Para precisar cuáles son esos sindicatos basta con detectarlos en las protestas sociales que continuamente se desarrollan en las calles de la ciudad o en los programas de debates.
Es obvio que el distanciamiento continuado de la clase obrera de la clase política se debe al poco entusiasmo de los políticos y partidos actuales por los problemas y sueños de los trabajadores. Es evidente que los partidos políticos prefieren, por sus afectos también clasistas, sus frentes empresariales internos a los frentes de trabajadores. La experiencia norteamericana de un Partido Demócrata vinculado a las grandes organizaciones obreras no se repite ni siquiera en el campo de la ficción en los quehaceres de la política panameña.
Este primero de mayo la clase trabajadora enfrenta grandes responsabilidades. Debe agotar en el diálogo todas sus reservas de madurez y debe divulgar con lucidez sus razones. Si lo hace así su poder de persuasión y de convocatoria sería insospechable. Sobre todo, reitero, en los días actuales en que han quedado solos en la pista de las luchas sociales.
La dinámica de los estadistas, creadores de las jornadas diarias de 8 horas, de la Caja de Seguro Social y del Código de Trabajo es parte de los episodios ejemplares de la historia antigua del país. Es de justicia que se reconozca en un día como el de mañana. A todos los trabajadores del país, ¡Salud!
El autor es abogado y ex rector de la Universidad de Panamá
El primero de mayo los trabajadores del mundo rinden homenaje a los mártires de Chicago y a todas las víctimas de la represión con motivo de las luchas obreras por las conquistas sociales. Es una lucha tan vieja como la historia de la civilización. Se inicia contra la esclavitud en sus distintas formas en las relaciones humanas y continúa con el objetivo de preservar siempre la dignidad de las personas. A pesar de la morosidad en el logro de algunas reivindicaciones, sobre todo en los países del tercer mundo, las relaciones obrero-patronales han ido mejorando. Esa mejoría se debe, fundamentalmente, al tesón de la clase trabajadora y a la responsabilidad social de la vieja clase política, sin dejar de reconocer la actitud moderna y hasta solidaria de algunos sectores empresariales. En ciertos países, como Chile, se observa la paradoja de que sustanciales conquistas laborales se alcanzaron en gobiernos de la derecha política.
Las personas que registran en el calendario de su vida el desamparo de la clase trabajadora durante las primeras décadas de la República, pueden dar fe del positivo salto histórico registrado en el campo de la seguridad social. En los años de 1939 y principios de 1940 laboraba, a mis 13 años, como peón aguatero o pinche en la construcción de la avenida central de Penonomé y en ese período no se contaba con ningún género de seguridad social, salvo algunas ligeras conquistas vigentes. Entonces sólo existían algunos beneficios en el campo de las prestaciones laborales, entre ellos los contenidos en las jornadas de 8 horas diarias establecidas por el presidente Porras y la famosa Ley octava de 1931. El mundo de aquellos años comparado con el mundo de hoy es espectacularmente diferente. La diferencia comenzó a perfilarse extraordinariamente con la creación de la Caja de Seguro Social en el año de 1941, bajo la administración de Arnulfo Arias y con la expedición del primero y único Código de Trabajo, durante el gobierno de Enrique A. Jiménez. (1948). Históricamente no existe otro Código Laboral. El llamado Código de Trabajo de 1972 en verdad es el Código de 1948, reformado en 1972. La Constitución Política de 1972 no lleva la fecha de sus reformas porque todas respetaron la matriz verde olivo de la original de 1972.
Es igualmente significativo el desarrollo de las organizaciones sindicales. En el pasado estuvieron desprovistas de poder de convocatoria, básicamente por la falta de coherencia entre los objetivos esenciales de las luchas obreras y la conducta de la mayoría de sus dirigentes, más inclinada al amarillismo personal o sindical. Desde luego existieron algunas excepciones, ocurridas antes del inicio de la dictadura militar. En la actualidad, es notoria la verticalidad de algunos sindicatos y dirigentes lo que se advierte o comprueba en el creciente poder de convocatoria que poseen. Esa evolución ha sido determinada por las nuevas tendencias del sindicalismo. En el pasado era legalista y no podía incursionar en la vida política de la nación ni desarrollar funciones distintas a las indicadas en el Código de Trabajo. La prohibición legal era una camisa de fuerza que limitaba su capacidad de acción. Hoy los sindicatos de trabajadores están politizados, son revolucionarios y, sin duda, clasistas, tal vez sin entender que su primer deber gremial es buscar la unidad de todos los sectores sin trabarla con adherencias ideológicas prioritarias. Hoy la dura realidad y el poder de la política como agente protagónico en toda la vida de la comunidad obliga a los trabajadores a intervenir en el territorio vedado. Fueron impulsados por un estado de necesidad de lógica equiparación o sobrevivencia. Esta realidad es tan cierta y fuerte que el sindicalismo panameño, el que ha anudado su conducta a sus intereses (no me refiero, desde luego al sindicalismo amarillo que aún existe) no guarda vínculo alguno con los partidos políticos vigentes porque, repito tienen su propia dinámica. El nuevo perfil sindical que se observa en algunos sindicatos de militancia permanente es propio y auténtico, no es dependiente de la clase política y ésta por su propia abulia social, ha dejado en manos de los sindicatos revolucionarios y políticos toda conducción de la protesta social. Esta evolución es lo que explica por qué los sindicatos libres de la inmoralidad que nace del soborno o del adocenamiento político, disparan por igual a los gobiernos del arnulfismo y a los gobiernos del torrijismo. Para precisar cuáles son esos sindicatos basta con detectarlos en las protestas sociales que continuamente se desarrollan en las calles de la ciudad o en los programas de debates.
Es obvio que el distanciamiento continuado de la clase obrera de la clase política se debe al poco entusiasmo de los políticos y partidos actuales por los problemas y sueños de los trabajadores. Es evidente que los partidos políticos prefieren, por sus afectos también clasistas, sus frentes empresariales internos a los frentes de trabajadores. La experiencia norteamericana de un Partido Demócrata vinculado a las grandes organizaciones obreras no se repite ni siquiera en el campo de la ficción en los quehaceres de la política panameña.
Este primero de mayo la clase trabajadora enfrenta grandes responsabilidades. Debe agotar en el diálogo todas sus reservas de madurez y debe divulgar con lucidez sus razones. Si lo hace así su poder de persuasión y de convocatoria sería insospechable. Sobre todo, reitero, en los días actuales en que han quedado solos en la pista de las luchas sociales.
La dinámica de los estadistas, creadores de las jornadas diarias de 8 horas, de la Caja de Seguro Social y del Código de Trabajo es parte de los episodios ejemplares de la historia antigua del país. Es de justicia que se reconozca en un día como el de mañana. A todos los trabajadores del país, ¡Salud!
El autor es abogado y ex rector de la Universidad de Panamá
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